Gustavo Ampugnani, de Greenpeace México A.C. impartió de manera virtual la ponencia “Plaguicidas y derechos humanos”, como parte de las actividades del Congreso Nacional de Plaguicidas: Ambiente y Salud (CNPAS) 2020, que organiza la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas; esta red CONACYT es conformada por grupos de trabajo multidisciplinario de diferentes instituciones de la República Mexicana, y la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) forma parte de ella.
Durante su participación, Gustavo Ampugnani comentó, que el propósito de sistematizar esta información, es para identificar aquellos derechos humanos que se vean amenazados por la mala gestión de los plaguicidas en México; igualmente, poner a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, comunidades, agrupaciones y ciudadanía en general, una herramienta que les permita reforzar su lucha en defensa del medio ambiente, salud y derechos humanos.
Conjuntamente, habló acerca de los principios constitucionales en materia de derechos humanos plasmados en la Constitución Política de México, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; destacando, que los mencionados cuatro derechos son extremadamente importantes.
Sobre derechos humanos amenazados explicó, que es a la salud, en lo que a prevención y reducción a exposición a sustancias nocivas se refiere; a la alimentación, donde se estipula la ausencia de sustancias nocivas-inocuidad de los alimentos; al agua, que esté libre de sustancias toxicas; al medio ambiente sano, principio precautorio (la ausencia de certeza científica no excluye de adopción de medidas que protejan el amiente-salud), el que contamina paga y principio de sustitución.
De la misma forma subrayó, que se amenaza el derecho humano a la información, puesto que ésta es básica para prevenir riesgos, mitigar prejuicios, investigar sobre alterativas más seguras, proporcionar tratamientos y remedios adecuados, asegurar la transparencia, participación y el consentimiento en los procesos de adopción de decisiones y formulación de políticas; finalmente el derecho a la infancia, donde se busca proteger a la niñez de la exposición a productos químicos que perjudiquen su vida en el futuro.
Para concluir su participación, Gustavo Ampugnani expresó “en términos generales, la gestión de pesticidas supone retos que deben enfrentarse de manera conjunta y por multiplicidades de actores: gobierno, afectados, investigadores e industria; lo que planteamos es empezar por delinear claramente cuál es el uso justificado de plaguicidas e identificar los excesos para darles termino y adoptar una posición clara, respecto de que al tratarse de sustancias peligrosas su uso seguro es el fin último a perseguir y no las practicas avocadas exclusivamente al lucro o la producción como objetivos finales, y en este sentido es en el que los derechos humanos deben ser preponderantes”. Puntualizó, que se debe ir más allá de condiciones de mercado o capacidad técnica y priorizar la dimensión ética, destronar el doble estándar; finalmente, que no se emplee la incertidumbre científica para dar licencia social al uso de plaguicidas de manera irresponsable.
