El crimen organizado ha tomado la mayoría de las casetas en Nayarit, paga una “nómina” de decenas de miles de pesos a los supuestos afectados, el financiamiento a sus actividades crimínales es millonario.
¿Para qué vender estupefacientes? Si al amparo de la autoridad el flujo de efectivo les permite comprar lo que sea, incluyendo a servidores públicos.
¿Hasta cuando las vías de comunicación de nuestro estado pertenecerán a las bandas delincuenciales?