.Alba Cristal Espinoza líder del Congreso, Geraldine Ponce y Mirtha Villalvazo Amaya presidentas municipales de Tepic y Bahia de Banderas, enfrentan la presión y chantaje a los que han recurrido las y los integrantes de la legislatura y cabildos en el tema de salarios, compensación, bonos y apoyos para “gestión social”.
En un principio, todos aceptaron reducir el salario en un veinticinco por ciento, pero bajo la condición que este ”ahorro” se vaya a una bolsa para disponer de él como dispongan.
Pero además de lo anterior, existe una verdadera pugna por las cantidades que diputados y regidores recibían por concepto de “gestión”, que va desde los cincuenta a los ochenta mil pesos cada mes, algunos piden que se les siga otorgando, otros que sea mitad en efectivo y lo demás en una cuenta, algunos otros aceptan que esta cantidad se concentre para que cada mes, pero que ellas y ellos determinen en que gastarla.
Las diputadas, diputados y regidores, no entienden (o no lo quieren hacer), que para donde se “vaya” este dinero sea a sus cuentas bancarias o a alguna otra es GASTO CORRIENTE, al final es lo mismo como se deposita porque es dinero público que no se invierte en nada más que en supuestos apoyos, no se están creando empleos, no se destina a servicios públicos, vaya, ni siquiera a programas de créditos al sector productivo o se le entrega íntegro al sector salud para la compra de medicamentos.
Urge que Miguel Ángel Navarro envíe la iniciativa de Ley de Salarios Máximos para que se determine que los servidores públicos de elección o designación, SOLO RECIBAN SU SALARIO, cuyo monto se determinará en el presupuesto de egresos anual, tal y como ya ocurre en la Federación, eliminando compensaciones, bonos, pago de teléfono, gasolina, y cualquier otro concepto que no es más que dinero para quienes elegimos porque representan un cambio.
